Se resuelven a favor de los consumidores las intimaciones humillantes por presuntas deudas | Defensa del Consumidor en Argentina
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martes, 31 de julio de 2012
viernes, 29 de junio de 2012
RESOLUCION Nº 3607/10
Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 8 de noviembre de 2010.-
VISTO:
La actuación nº 2472/10,
iniciada por la señora RCH, quien denuncia que tanto ella como su marido están
sometidos a permanentes acosos telefónicos y epistolares por parte de la agencia
extrajudicial de cobranza Rohr Collections con motivo de una presunta deuda que
se les atribuye con el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Y
CONSIDERANDO QUE:
La presentante señala
que recibe, desde hace más de un año -a la fecha de apertura de la presente
actuación- constantes llamados a su teléfono particular (y también al de su
suegra), en cualquier día y horario, mediante los cuales se dejan mensajes
grabados intimándola tanto a ella como a su marido, a cancelar una deuda.
Refiere que, en muchas ocasiones, esos mensajes fueron atendidos por sus hijos,
causándoles preocupación e intranquilidad familiar.
Manifiesta
que se comunicó a los teléfonos que se indican en los mensajes grabados
(pertenecientes a la agencia denunciada) y que la única respuesta obtenida es
que se trata de una deuda reclamada por el Banco de Galicia y Buenos Aires
S.A., sin mayores especificaciones. A este respecto, la presentante señala que
la supuesta deuda obedecería al cierre de una cuenta corriente que dicha entidad
bancaria dispuso, en 2001, como represalia ante el reclamo que ella interpuso
(no debidamente resuelto) por el que consideró indebido cobro de un seguro de
hogar.
Agrega,
textualmente, haber recibido “... cartas amenazantes con el posible inicio
de causas penales y posible pena de prisión por falta de cumplimiento...”
(fs. 1), a cuyo respecto acompaña copia de dicha misiva a fs. 3.
Concluye
solicitando la intervención de esta Defensoría a los efectos de “...
finiquitar con el acoso que vengo sufriendo, como así también de
corresponder obtener el resarcimiento que corresponda, por el daño moral que
esta acción produce tanto a mi persona como a la de mi cónyuge, hijos y
familiares por las amenazas recibidas” (fs. 1).
Como
primera medida esta Defensoría dispuso correr traslado de la queja al Banco de
Galicia y Buenos Aires S.A., a los efectos que esta entidad informe el detalle
de la deuda (estado, capital de origen, fecha e intereses aplicados, etc.)
solicitando la remisión de copias de los contratos que hubiera suscripto la
reclamante, y a su vez, instando al cese de toda intimación extrajudicial hasta
tanto se dilucide la real existencia de la deuda (fs. 4).
A
fs. 5, se presenta la apoderada de la entidad bancaria y en lo sustancial
informa que:
“... no existiendo a
la fecha datos de deuda de la
Sra. Hellman (sic), mi mandante tuvo que indagar en sus
archivos, localizando que la señora Hellman (sic) tenía la cuenta corriente
199374/1 999-1 en la sucursal CM. del Banco Galicia. La misma fue cerrada con
un saldo deudor de $980,11.- el que fue transferido a una cuenta de mora y
cedido a Fideicomiso Renova en agosto de 2004.
Por lo ut-supra
informado, no podemos enviarle la composición actual de la deuda (desconocemos
los intereses aplicados por la cesionaria). Tampoco podemos cumplir con el
pedido de cesación de reclamos, dado que no es el Banco Galicia quien está
intimando de pago a la denunciante (sic), desconociendo al estudio de cobranza
Rohr que se menciona en la denuncia, no existiendo ninguna relación del mismo
con mi mandante...”.
Atento
lo informado por el Banco, se cursó oficio, de similar tenor, a la firma FC
Recovery S.A. (Fideicomiso Financiero Renova), con fecha 16 de julio de 2010.
Hasta la fecha no se ha recibido formal respuesta por escrito, si bien consta
en la hoja de ruta de la presente actuación que el día 31 de agosto de 2010,
abogados de dicho fideicomiso se comunicaron telefónicamente con esta
Defensoría solicitando una prórroga para contestar a lo requerido.
Así
las cosas, atento lo informado por el Banco, el silencio guardado por el
fideicomiso y lo solicitado por la aquí denunciante, corresponde que esta
Defensoría emita su pronunciamiento, debiéndose encuadrar el análisis de los
hechos planteados -los que no fueron negados ni rechazados por la agencia
denunciada- a la luz de las actuales prescripciones establecidas en la Ley de Defensa del Consumidor
(LDC) en cuanto se refieren a las prácticas que utilizan las agencias dedicadas
a perseguir el cobro extrajudicial de deudas.
Bien se ha dicho que “... existen empresas de cobranza, que
diariamente envían comunicaciones e intimaciones vinculadas con deudas que le
son derivadas para su cobro extrajudicial. Incluso, por los montos
involucrados, muchas veces no se justifica el inicio de acciones judiciales
tendientes a su cobro. El objetivo de las empresas es que los deudores morosos
paguen (aun las obligaciones prescriptas) y la comunicación debe ser
suficientemente convictiva (o intimidatoria) para generar inquietud en el
consumidor para la cancelación de la deuda” (Carlos Molina Sandoval,
“Reformas Sustanciales”, en la obra Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor”, suplemento
especial de La Ley ,
Abril 2008, doctrina - pág. 94).
A este respecto, la
última reforma a la LDC
-instaurada por Ley 26.361- incorporó el art. 8º bis, el que en sus partes
pertinentes establece:
“Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán
garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los
consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen
a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias (...).
En
los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar
cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.
Tales
conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser
pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente
norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor,
siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre
del proveedor” (lo resaltado nos pertenece).
Esta
disposición normativa vino a concretar ciertas pautas operativas que procuran
asegurar las “... condiciones de trato equitativo y digno...” en
las relaciones de consumo, de la que nos habla expresamente el art. 42
de la
Constitución Nacional (art. 42 CN), y que se conectan
directamente con el respeto a la dignidad humana, principio sobre el cual se
erige todo el edificio de los derechos humanos.
La
doctrina especializada sostiene que el nuevo art. 8º bis de la LDC pretende garantizar el
trato digno al consumidor, evitando las prácticas comerciales que limiten,
nieguen o cercenen sus derechos; señalando que esta norma, si bien inspirada en
el Código brasileño, adoptó un sistema menos casuístico y más conceptual a fin
de poder encuadrar situaciones futuras difíciles de prever, de modo tal que la
prohibición de “... desplegar conductas que coloquen a
los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias...”,
incluye una gran cantidad de casos más allá de los dos supuestos allí
ejemplificados (vgr. Ricardo Lorenzetti, en “Consumidores”, 2da. edición
actualizada, Rubinzal Culzoni editores, 2009, p. 166; así también, Jorge Mosset
Iturraspe y Javier Wajntraub, en “Ley de Defensa del Consumidor”, Rubinzal
Culzoni, 2008, pág. 107).
Al
comentar la norma, Tambussi dice con particular vehemencia que:
“Se introduce un art.
8 bis, de gran significación para la relación consumidor-derechos humanos y que
importa la formulación del concepto de prácticas abusivas (sin enumerarlas,
como lo hacía el proyecto original, a efectos de no excluir las que no estén
expresamente contempladas) y la categoría de trato digno (recogiendo, al fin,
la terminología constitucional). Estas prácticas quizá sean la forma más
perversa de actuación de las empresas, pues no necesitaban escribirlas en su
contratos, era una cuestión invisible y lacerante para el ser humano, aspecto
éste que nos remite una vez más a la protección de derechos humanos elementales
y resulta más evidente en los casos de los llamados “subconsumidores”(...)
Párrafo aparte merece la vergüenza nacional que significa que un texto legislativo
deba referirse al supuesto especial de los reclamos extrajudiciales de deudas,
a los que se les impone abstenerse de utilizar apariencias de reclamos
judiciales. No se sonroja la ley sino la cultura argentina, plagada de pseudo
agencias de recupero que adoptan formatos de cédulas judiciales o de
formularios de carta documento para sus “intimaciones”, a las que agregan -con
independencia de su justicia- impresos destacados en colores vivos con
denominaciones eufemísticas como “cédula extrajudicial”, “carta documentada”
(por carta documento), y muchas tan ingeniosas como maliciosas variantes”
(Tambussi, Carlos E., “El consumo como derecho humano”, Buenos Aires,
Ed. Universidad, 2009, pp. 177-178).
Debemos señalar, por
otra parte, que esta Defensoría del
Pueblo -de conformidad con la facultad de
iniciativa parlamentaria que la
Constitución y la ley le confieren (arts. 137 CCABA y art. 13
inc. i) de la Ley
3 de la CABA )
-presentó un proyecto de Ley ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuyo objeto está dirigido a regular la actividad que desarrollan
las llamadas agencias de cobranza extrajudicial de deudores morosos. En los fundamentos de dicho proyecto se analiza
-entre otras cosas- el alcance y contenido del art. 8º bis de la LDC , en los siguientes
términos:
“...
Se desprende del análisis de la norma que el legislador intenta con ímpetu
garantizar el trato digno del consumidor y así evitar las prácticas comerciales
que pudieran limitar o cercenar sus derechos. En esta línea se entiende “por
“vergonzante” todo aquello que puede resultar deshonroso o humillante; lo
“vejatorio” alude a conductas del acreedor representativas de maltratos,
persecuciones, perjuicios o padecimientos para el consumidor; en tanto que lo
“intimidatorio” refiere comportamientos que le infundan temor...”. Es así que
se trata de un trato indigno las prácticas realizadas por las empresas de
cobranza, que utilizan como método para la realización de sus fines, hostigar
con llamadas al deudor que se encuentra en mora a su domicilio particular en
horarios y días inconvenientes, y en igual sentido a su teléfono laboral. Así
también y en relación a este tema intiman al deudor informándole
las consecuencias que el no pago de la deuda le puede acarrear, como la posibilidad
de iniciarle una causa penal, como así también muchas otras prácticas que se
califican como “vergonzantes”, “vejatorias” o “intimidatorias” por parte de
esas empresas de cobranzas. Es dable destacar que el acreedor para reclamar su
deuda cuenta con las herramientas que le brinda la normativa vigente...”
(Proyecto de Ley nº 1238-F-2009, del 3 de junio de 2009, cuyo texto integro
puede ser consultado en el sitio web de la Defensoría del Pueblo http://www.defensoria.org.ar/institucional/doc/proyecto080.doc).
De
conformidad con lo expuesto, es dable colegir que las modalidades -aquí
denunciadas- utilizadas por la agencia de cobranza ROHR Collections (por FC
Recovery S.A.- Fideicomiso Financiero Renova) para el reclamo y/o recupero
extrajudicial de deudas, quedan comprendidas dentro de las prácticas abusivas
expresamente vedadas por el art. 8º bis de la actual LDC.
En
efecto, las comunicaciones telefónicas al domicilio de la denunciante y al de
un pariente, dejando mensajes grabados en días y horarios incomodantes e
inapropiados, con el fin de reclamar el pago de una deuda de la cual ni
siquiera existen constancias detalladas y precisas, constituye una práctica descomedida
(y por ende, abusiva) que vulnera la dignidad de la persona, perturba la
tranquilidad familiar, e invade el ámbito de su privacidad.
Del
mismo modo, el envío de cartas de intimación extrajudicial -como la que se
adjunta a fs. 3- revelan un comportamiento manifiestamente abusivo, en tanto no
preservan mínimos recaudos de privacidad en la comunicación, tampoco informan
con precisión el origen de la deuda que se reclama y, además, contienen
intimaciones desorbitadas (por ejemplo amenaza de denuncia penal).
En efecto, en el encabezamiento de la misiva cursada por Rohr
Collections a la presentante se observa que ésta se dirige al “Sr./a
Familiar / conocido” y a renglón seguido se dice “Por favor, sea tan
amable de entregar sin compromiso la carta a: (Esta documentación es
confidencial y tiene vencimiento, solo debe ser abierta por) Sr/a ROXANA
CLAUDIA HELMAN Y O MARCELO RAMIREZ”.
En
el cuerpo de la nota se destaca en mayúsculas sobre fondo negro “ACUERDO
EXTRAJUDICIAL - COMIENCE 2010 SIN DEUDAS”, y más abajo se dice en
letras más pequeñas “Invitamos abone definitivamente la deuda que mantiene
con Banco Galicia (FF Renova) ahora con cuotas a su medida, en pesos, sin
interés. Esta será la última oferta con quitas espectaculares. Plan: comience
2010 sin deudas”.
Luego
se informa en destacado el monto de la “DEUDA ACTUALIZADA”,
empero no se hace ninguna referencia al origen de la misma, ni al monto
nominal, ni a los intereses aplicados para llegar a esa actualización. Al lado,
se informa un número telefónico de contacto identificado como “Línea
GALICIA”, y el siguiente e-mail “galicia@rohrcollections.com “.
Seguidamente
se describen en caracteres destacados los planes de pago ofrecidos como
excepcionales (anticipos, descuentos, cuotas, etc.) para señalar en los
párrafos finales lo siguiente: “Vencido el plazo intimado (22-01-2010), y
dado los reiterados intentos de recuperar el saldo por la vía extrajudicial,
nuestro mandante podrá disponer si correspondiere el inicio de acciones
judiciales en su contra, y/o de sus adicionales, y/o garantes si
correspondiere, procediendo al embargo de bienes/haberes si correspondiere,
haciendo expresa reserva de concurrir ante la justicia penal si correspondiere
por frustración maliciosa de pago, o en la infracción del Código Penal Art. 172
estafa, apariencia de crédito, abuso de confianza, Art. 173 desbaratamiento de
los derechos acordados, en caso de corresponder” (sic) (fs. 3, lo
resaltado nos pertenece).
Pareciera
claro entonces que el objetivo principal de este tipo de notificaciones se
dirige más bien a intimidar al (presunto) deudor, al exponerlo por un lado a
una situación vergonzante frente a familiares, vecinos u otros terceros y, por
otro lado, infundiéndole temor al amenazarlo con persecuciones penales que son
absolutamente improcedentes.
Téngase
presente que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos la
persecución penal por deudas ha quedado abolida, desde hace largos años. En tal
sentido, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece como un
derecho a la libertad personal que “Nadie será detenido por deudas”
(art. 7 punto 7) y, del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos dispone que “Nadie será encarcelado por el solo hecho de no
poder cumplir una obligación contractual” (art. 11). Huelga señalar que en
nuestro país ambos instrumentos internacionales gozan de jerarquía
constitucional y resultan plenamente aplicables y jurídicamente exigibles
(conf. art. 75 inc. 22 CN).
Ahora
bien, sumado a todo lo dicho, no resulta un dato menor que, según la escueta
información proporcionada por el banco involucrado (y no desmentida por la
agencia), la única deuda localizada en el archivo respecto de la señora Helman
data de un cierre de cuenta corriente que “fue transferido a una cuenta de
mora cedido al Fideicomiso Renova en agosto de 2004” , no existiendo
ninguna constancia que se hubiera iniciado la acción judicial de cobro. En tal sentido,
independientemente de la versión aportada por la reclamante respecto de la
causa que motivó el cierre de la cuenta, resulta evidente que se trata de una
deuda formalmente prescripta, toda vez que resulta aplicable al caso lo
dispuesto en el art. 50 de la LDC
“... Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones
emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años.
Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción
distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al
consumidor o usuario...” (lo resaltado nos pertenece).
El
instituto de la prescripción es un medio por el cual se pueden adquirir
derechos (prescripción adquisitiva) o liberarse de ciertas obligaciones (prescripción
liberatoria o extintiva) por el mero transcurso del tiempo preestablecido por
la ley, según cada caso. El fundamento de la llamada prescripción liberatoria
está dado en la necesidad social de impedir que una determinada deuda se
extienda in eternum cuando es evidente la desidia o inacción del
acreedor en ejercer su derecho a reclamarla dentro de un razonable lapso. Así
se ha dicho que: “El fundamento de la prescripción reside en la conveniencia
general de liquidar situaciones inestables y de mantener la paz de las
familias, que no debe ser alterada por la repercusión de hechos ocurridos con
mucha antelación. Si durante un largo tiempo el posible titular de la acción se
ha abstenido de ejercerla, la ley no admite que lo haga cuando ya se han borrado
de la memoria de los interesados las circunstancias del acto, y hasta es
factible la destrucción de los documentos probatorios de la extinción del
derecho. Impidiendo la utilización de la acción prescripta, se da seguridad y
fijeza a los derechos, y se aclara la situación de los patrimonios, que se ven
descargados de las obligaciones prescriptas. Por último, otro motivo a favor de
la prescripción consiste en el probable abandono del derecho que la inacción
del titular hace presumir” (Jorge Joaquín Llambías, Tratado de Derecho Civil, Parte
General, Tomo I, pág. 672).
De
modo tal que las deudas ya prescriptas, si bien no se extinguen, quedan
convertidas en meras obligaciones naturales, es decir, que su
cancelación dependen de la voluntad del deudor pues el acreedor pierde su
exigibilidad jurídica. En consecuencia, la simple manifestación negativa y/o
rechazo expresado por el (presunto) deudor moroso de una obligación ya
prescripta, debería ser suficiente para que una agencia extrajudicial de
cobranza se abstenga de continuar con el reclamo de la misma y así evitar
incurrir en algunas de las prácticas abusivas caracterizadas en el art. 8º bis
LDC.
Por último, y en
atención a que la señora Helman solicita, expresamente, algún tipo de
resarcimiento por las afectaciones padecidas, es oportuno hacerle saber que a partir de la última
reforma a la LDC
(mediante Ley 26.361) se introdujo la figura del daño directo,
admitiéndose que los consumidores puedan solicitar en sede administrativa una
suerte de reparación económica -aunque limitada-, en la medida que éstos hallan
sufrido algún perjuicio o menoscabo en sus derechos. Dice textualmente el nuevo
art. 40 bis de la LDC :
“Daño
directo. Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor,
susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus
bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del
proveedor de bienes o del prestador de servicios.
La autoridad de
aplicación podrá determinar la existencia de daño directo al usuario o
consumidor resultante de la infracción del proveedor o del prestador de
servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de CINCO (5)
Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de
Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)...”
(lo resaltado nos pertenece).
En tal sentido es
necesario advertir que conforme surge del citado art. 8º bis in fine
LDC, las conductas que allí se describen
como abusivas son pasibles de las sanciones previstas en la presente ley (entre
ellas el daño punitivo -en sede judicial- y, por supuesto, el mencionado daño
directo -en sede administrativa-) siendo ambas penalidades extensivas
solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor. Motivo por el cual, en
el presente caso, la responsabilidad por los efectos perjudiciales que
el accionar abusivo del estudio Rohr Collections pudo haber causado sobre la
señora Helman y su familia, se extiende solidariamente tanto a FC Recovery
S.A.-Fideicomiso Financiero Renova como al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Atento todo lo precedentemente expuesto,
corresponde que esta Defensoría del Pueblo emita las recomendaciones
pertinentes, debiéndose poner en conocimiento de los hechos denunciados en esta
actuación a la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del
Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -conf. lo establecido en el art. 2º[1]
de la Ley 757 de Procedimiento
Administrativo para la Defensa
de los Derechos del Consumidor y del Usuario, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires- a los efectos
de instar las acciones administrativas, y en su caso, aplicar las sanciones que
por ley correspondan.
POR TODO
ELLO:
LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES
R E S U E L
V E :
1)
Recomendar al titular del estudio Rohr Collections:
a) se abstenga de continuar
practicando intimaciones telefónicas y epistolares, bajo formas y modalidades
expresamente prohibidas por el art. 8º bis de la Ley 24.240 (y sus modificatorias)
y por una deuda prescripta;
b) que en lo sucesivo, las
comunicaciones y/o notas de reclamos extrajudiciales que efectúen con motivo de
la cobranza de deudas se ajusten cabalmente a lo dispuesto en el art. 8º bis de
la Ley 24.240 (y
sus modificatorias), debiéndose evitar cualquier tipo de práctica o modalidad
que coloque a los usuarios o consumidores morosos en situaciones vergonzantes,
vejatorias o intimidatorias.
2)
Recomendar al Presidente de FC Recovery S.A. (Fideicomiso Financiero Renova), arbitre
los medios necesarios a efectos de evitar que sus agentes de cobranza utilicen
medios de intimación contrarios a lo estipulado en la normativa legal vigente.
3)
Recomendar al Presidente del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., arbitre los
medios necesarios a efectos de evitar que sus agentes de cobranza utilicen
medios de intimación contrarios a lo estipulado en la normativa legal vigente.
4)
Poner en conocimiento de la presente Resolución al Director General de Defensa
y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, doctor Juan Manuel Gallo, con copia íntegra y fiel de la
actuación, a los efectos de instar su intervención conforme lo prescripto por la Ley 757 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el art. 41 de la
Ley 24.240.
5)
Hacer saber a los denunciantes que a partir del día 1º de octubre de 2008, por
decisión del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la toma de denuncias y
celebración de audiencias de conciliación en el marco del procedimiento de la Ley 757 se efectúan
exclusivamente en los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC), motivo
por el cual deberán presentarse ante uno de ellos a fin de ratificar su
denuncia, acompañados de toda la documentación en original y copia, incluyendo
la presente Resolución. A tal efecto, sugerimos que previamente se comunique
con la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor al teléfono nº
4382-0291 a
fin de determinar el CGPC al que será derivada su denuncia.
6)
Fijar en 30 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley 3 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.[2]
7)
Notificar, registrar, reservar en el Area para su seguimiento y oportunamente,
archivar.
Código 443
ND
DC
cd/D/LDS
RESOLUCION Nº 3607/10
[1]
Art. 2º, Ley 757 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “La máxima autoridad del
Gobierno de la Ciudad
en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la autoridad de
aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes Nacionales de Defensa del
Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin perjuicio de las
funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa del
Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley.
A
los efectos de garantizar la defensa y protección de los derechos de los
consumidores, la autoridad de aplicación tendrá facultades para firmar
convenios o acuerdos de colaboración con organismos públicos o privados a fin
de hacer eficaz y efectiva la implementación de los objetivos de la presente
ley”.
[2] Ley
3, art. 36: Con motivo de sus investigaciones, el
Defensor o Defensora del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones,
recordatorios de los deberes de los funcionarios, y propuestas para la adopción
de nuevas medidas. Las recomendaciones no son vinculantes, pero si dentro del
plazo fijado la autoridad administrativa afectada no produce una medida
adecuada, o no informa de las razones que estime para no adoptarla, el Defensor
o Defensora del Pueblo puede poner en conocimiento del ministro o secretario
del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes
del asunto y las recomendaciones propuestas.
Si tampoco
así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe
anual o especial a la
Legislatura , con mención de los nombres de las autoridades o
funcionarios que hayan adoptado tal actitud.
viernes, 25 de noviembre de 2011
La Extorsión y el acoso sistemático de Parma Pena Personal Collect
Año 2000 (Crisis económica)
Era el año 2000 y me encontraba en una situación complicada. O pagaba mi tarjeta de crédito, o pagaba comida y alquiler. Sin trabajo hacia meses, venia pagando el mínimo de la tarjeta, que como ustedes saben en esos tiempos, recargaban un interés del 300% anual. La deuda no era grande, pero mis ahorros tampoco lo eran; Entonces, lamentablemente tuve que dejar de pagar. De haber sabido la tortura a la que iba a ser llevado hubiera preferido no comer y vivir en la calle para así poder saldar la deuda.
Mágicamente al cuarto día de dejar de pagar me llaman del banco CITIBANK. Le explico al muchacho que me llama que no tenia trabajo y que no sabia cuando volvería a tenerlo y poder así ponerme al día, pero parecía que no entendía lo que era no saber cuando a uno le iba a ingresar algo de dinero. Los llamados personales continuaron hasta que claro, me cortaron el teléfono, también por falta de pago.
Al poco tiempo me tuve que mudar y no supe más del caso por unos años después.
Año 2008 (Comienzo de la pesadilla)
Estaba buscando trabajo en ese entonces y dejaba el teléfono fijo de mis padres para que me puedan ubicar más fácilmente, y un día llamaron y preguntaron por mí. Como no estaba, mi madre anoto el teléfono. Cuando me avisa que llamaron, pensando que era por una entrevista laboral según le dijeron a mi madre, los llamo.
Yo: Hola si me llamaron por una entrevista soy tal y tal
Ellos: Dígame su DNI
Yo: Se los digo
Ellos: Si lo estamos llamando del Estudio Parma Pena Personal Colletc por la deuda que aun mantiene con el Banco CITIBANK.
YO: Le explico que estaba sin trabajo y que si querían que me hagan juicio.
Al otro día comenzó la pesadilla………
Empezaron con tres llamados diarios de una maquina que pedía me comunique con ellos al teléfono 5218-3510. Luego fueron hasta siete llamados diarios 7.30, 9:30, 11:30, 14:30, 15:30, 20:30, 23:30hs aproximadamente todos los días de la semana inclusive sábados y domingos.
Los llamados eran a mis padres por lo cual la desesperación era doble. No tenia forma de saldar la deuda por no tener trabajo y además torturaban a mis viejos sin tener nada que ver.
Varias veces mi madre los llamo y les explico que ya no vivía más ahí. Le decían que la iban a borrar de la lista y una semana después volvían los llamados.
Me comunico con ellos, le explico mi situación y les doy mi celular para que me llamen a mí y no a mis padres.
Una vez a la semana me llamaban, siempre desde un número no identificado, y charlábamos por decirlo de alguna manera. Yo estaba sin trabajo y les decía que cuando consiguiera algo me comunicaría con ellos. Para colmo me decían que no me iban a sacar del Veraz y eso hacia que se me complicara el conseguir trabajo.
Cada tanto me llamaba algún desubicado que me ofrecía que me anotara en un Plan Social y así poder pagar la deuda en pequeñas cuotas, por lo que yo le contestaba que me parecía una barbaridad hacer eso y que gracias pero no.
El tiempo fue pasando y hablaba casi siempre con un operador distinto hasta que un día me toco un tarado que me ofrece cancelar la deuda en menos del 8% del monto total que me pedían.
Me pareció muy poco, y sospeche. Para que tengan una idea la deuda era de 5.200 pesos, con los intereses me pedían 45.000 pesos y ahora me ofrecían cancelar todo por 3500 pesos antes de fin de mes
(Aclaración aparte: Yo en ese momento estaba en un poso depresivo, sin trabajo, en el Veraz y una deuda que representaba trabajar dos años y medio para poder pagarla)
Acto seguido de semejante oferta de cancelación, le pregunto a este pobre infeliz ¿que pasaba si no podía juntar esa plata antes de fin de mes?
Y el muy caradura me contesta que correrían los intereses y que me iban a hacer juicio ejecutivo, Veraz, etc.
Obviamente me estaba mintiendo, de haberme querido hacer juicio lo hubieran hecho antes, etc; etc. con lo cual quedo en llamarlo.
Ese día me di cuenta con que clase de gente estaba tratando. Fue un pequeño despertar. Me pongo a averiguar algo por Internet y comienzo a conocer mis derechos y demás. También saque un Veraz y resulto que ya no figuraba, ya que habían pasado más de 5 años.
Aprendí bastante rápidamente sobre leyes de tarjeta de crédito, derechos de los consumidores, actitudes legales he ilegales de este tipo de cuasi estudios, etc.
Y así, cuando volvieron a llamar junte algo de fuerzas y la comunicación fue otra porque:
- La deuda se había convertido en una deuda natural, es decir como una deuda entre amigos por apostar a ver quien gana entre Boca o River.
- No estaba más en el Veraz.
- No me podían hacer ningún juicio
- La deuda estaba prescripta desde el 2004
- Además de saber que estaba tratando con estafadores que me habían estado mintiendo durante todo el 2009 y parte del 2010 y que lo único que querían era sacarme algo de plata sea como fuera.
Luego de un par de intercambios de insultos con estos estafadores por supuesto volvieron a llamar a mis padres, como reprimenda, se entiende.
Note, que siempre querían que me acerque hasta las oficinas de Talcahuano 38 5º A, ya sea para charlar o para firmar un acuerdo. En realidad lo único que querían era que concurra a sus oficinas para convencerme de firmar un pagare EL CUAL CERTIFICARÍA LA EXISTENCIA DE LA DEUDA PARA CON ELLOS. Esto es importante, ya que el banco les vende las deudas a este tipo de estudios pero sin documentación respaldatoria alguna y la firma de un pagaré, les da ese respaldo de reconocimiento. Ellos no tienen documentación alguna, las deudas están prescriptas, si pasaron más de 5 años, uno tampoco esta en Veraz, entonces la única forma de tener algún poder documentado para seguir presionando es a través de la firma de un pagare, el cual revitaliza, por decirlo así, los tiempos de prescripción y les da el poder a ellos para ejecutarlo
Volviendo con el relato, nuevamente vuelven a llamar a mis padres con la maquina dejando el mismo mensaje, mi madre vuelve a llamarlos para avisarles que ya no vivo más ahí pero igual no la escuchan. Luego los llamó mi padre y la operadora que lo atendió le decía que si yo no pagaba lo iban a seguir llamando todos los días de la semana hasta que pague
2011 (El despertar)
Al otro día, cansado de todo esto, lamentándome el haberme asesorado solo por Internet, y no con profesionales como debería haberlo hecho, comienzo a buscar ayuda profesional y luego de ser rechazado por Defensa del Consumidor (no lo deberían hacer ya que existió una relación de consumo) consigo la dirección de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, .Piedras 445 5ª Piso Cap. Fed. y ahí me asesoro con un abogado.
Me explican que la intención de Parma Pena Personal Colletc y demás estudios es asustar a la gente para que concurra a sus oficinas y firmen un pagaré, ya que no cuentan con documentación alguna respaldatoria. Me cuentan que la técnica funciona ya que la gente se asusta, con mentiras de embargos, llamados a sus respectivos trabajos y amigos para humillarlos, presionarlos, etc. etc en conclusión para EXTORSIONAR.
Luego en la defensoría me hacen escribir el reclamo formal para iniciar acciones contra este estudio.
(Lo que hace la defensoría en enviar exhortos, solicitando información. Lo malo de estos es que no tienen una multa en caso de que no sean contestados. Esta aclaración la hago ya que por eso el trámite se demora sobremanera cuando si existiesen multas por no contestar, como paso, se hubiera tardado menos.)
El primer exhorto se envió solicitando información de la deuda, documentación respaldatoria de la misma y la tenencia, de la misma, es decir quien se adjudicaba la propiedad de la deuda ahora.
La clave aca en la solicitud de la documentación radica en que no se trata de pagar o no las deudas. Eso lo recalco. El tema es que si no se tiene documentación respaldatoria, cualquiera me puede llamar mañana solicitando pago. Aun si pago, y esto lo repito, aun pagando las deudas, ¿que les impide a estos cuasi mafiosos estudios que mañana me vuelvan a llamar?. Piénsenlo, lo único que tienen es un número de teléfono y una máquina que hace llamadas.
… Santiago y Horacio Hector Parma así como Hector Pena dirían: “Tengo un negocio bárbaro. Toda esta gente tuvo una deuda Los llamamos todos los días hasta que paguen. Si vienen y pagan los volvemos a llamar diciendo que ahora nos deben los intereses. Total, pagan. El negocio cierra. Después vendemos la cartera a otro estudio y listo. Que le sigan pagando a ellos.“…
Lamentablemente por más ridículo que parezca, este tipo de negocio funciona asi. Existe un vacío legal en el cual se establezca como pueden operar estos cuasi estudios, en realidad call center de cobranzas que tanta rotación de personal tienen.
Existen en otras partes del mundo leyes que protegen a los ciudadanos contra estos abusos. Una de esas leyes es las 1238. Según entiendo en Ciudad de Bs As se copia de una de México.
Trascribo la ley y lo que es ahora en la legislatura porteña el proyecto de ley 1238
PROYECTO DE LEY
Accionar de las agencias de cobranza extrajudicial de deudores morosos
ARTÍCULO 1º: La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires relativo al accionar de las agencias de cobranza extrajudicial de deudores morosos.-
ARTÍCULO 2º: A los fines de la presente Ley se entenderá que es Agente de Cobranza toda persona física o jurídica que procure el cobro de deudas en mora.
ARTÍCULO 3º: Queda prohibido:
A- La reiteración de llamados que hostiguen al deudor en mora como método de cobranza.
B- La realización de llamados telefónicos a los teléfonos laborales.-
C- La realización de llamados telefónicos en horarios inconvenientes o que sean manifiestamente molestos. Se entiende como horarios inconvenientes antes de las 9:00 AM y después de las 20:00.PM
D- La realización de llamados telefónicos en días no hábiles, sábados o domingos o feriados.-
E- El envío de misivas postales abiertas.-
F- El envío de misivas postales dónde, aún cerradas, a vista de terceros se note que es un intento de cobro de deuda en mora.-
G- El envío de misivas postales al domicilio laboral del trabajador.
ARTÍCULO 4º: En caso que el deudor solicite que no se lo vuelva a contactar en forma telefónica o epistolar quedará absolutamente prohibido reiterar estos contactos; para ello bastará que se lo haga saber al agente de cobranzas.-
ARTÍCULO 5º: De forma.
Siguiendo con el relato, exhorto va, exhorto va, y no me equivoco ya que no contestaban ninguno, llega la primera contestación del banco a los cuales se les envió solicitud de información.
La respuesta del banco Citibank fue que el señor no esta informado ni posee deuda alguna con nosotros.“
De hecho me llamaron por teléfono a la casa de mis padres para ofrecerme una tarjeta de crédito, dos semanas mas tarde.
Luego, a los meses contestan otro de los exhortos, el titular aparente de la deuda
FCR FC Recovery S.A. Av. de Mayo 195 Piso 4º/5º los cuales en un escrito informal describen saldo deudor de tarjeta de crédito y solo acompañan como documentación respaldatoria fotocopias del contrato de la tarjeta.
A esta respuesta la defensoria envía otro nuevo exhorto solicitando:
1. Fecha en la que se constituyo la deuda
2. Documentación respaldatoria de la deuda, ya que fotocopias del contrato de tarjeta solo demostraban que se había solicitado el plástico pero no que el mismo había quedado con deuda
2012 (El Final)
Para resumir, luego de 6 meses, los verdaderos titulares de la deuda, y no Parma Pena Personal Colletc, contestaron que no tenían mayor documentación alguna más que unas fotocopias del contrato que se firma cuando uno saca una tarjeta de crédito y que por ende cesaban en los reclamos efectuados sin reconocer hechos ni derechos.
Es decir que no hacen cargo de todos los intentos de EXTORSIÓN, ACOSO, MENTIRAS, DAÑO HE INJURIAS, POR PARTE DEL ESTUDIO PARMA PENA PERSONAL COLLETC y que deciden no molestar más.
La documentación esta a la orden de cualquier estudio serio que quiera hacer demanda contra este tipo de Call Center y así poder allanar el camino para que se sancione una ley pertinente que regule el accionar de estos Cuasi mafiosos mal llamados estudios de cobranzas extrajudiciales. Yo estoy buscando por mi cuenta.
Me olvide que mientras tanto inicié una denuncia penal por las razones arriba señaladas.
Denuncia penal
Ministerio fiscal publico
0800-333-47-225
Unidad fiscal sur calle Almafuerte 37 Capital Federal
O a
Patrocinio jurídico gratuito: Talcahuano 550 de 9-15hs
En conclusión:
Sin son acosados por estos estudios de cobranzas
Primero: Concurran a la defensoria del Pueblo de la Ciudad de Bs As (si viven ahí o de donde vivan) y hagan la denuncia. O vayan a un abogado de confianza.
Segundo: Hagan la denuncia penal con la mayor cantidad de pruebas posibles, llamadas, cartas, etc.
Tercero: Tengan paciencia. Las mafias juegan con la desesperación de la gente. Recuerden que lo que más quieren es que se acerquen a sus oficinas para firmar un pagare, y así hacerse titulares de la deuda y con mayores plazos para ejecutarla
Cuarto: No vayan, no firmen nada, denuncien
Quinto: Pague sus deudas al banco, no a estos mafiosos
Sexto: Defienda sus derechos, no estamos más en los 70´s
En unos de los párrafos aclare lamentarme por solo haberme asesorado por Internet. De haberme asesorado con un profesional hace tres años no hubiera pasado por todo lo que pase. Para que tengan una idea, cuando sonaba el celular y decía llamada no identificada, se me cerraba el estomago. Eso es lo que buscan. Infundir temor.
La dirección legal de Parma Pena Personal Collet S. A. es
Rodolfo Rivarola 111 piso 2 “6” y 1 “1” Capital Fedral
Presidente: Héctor Parma DNI 8.522.728 CUIT 23-08522728-9
Apoderados: Santiago Parma DNI 27.537.151 Tº 104-Fº 32 C .P.A.C.F.
Ricardo Hilario Villamonte DNI 8.550.770
Susana Ines Mignone DNI 17.623.964
Horacio Javier Goyeneche DNI 18.064.212
Anibal Elliff DNI 18.517.592
Héctor Pena DNI 10.923.047
Link de intereses similares
La defensorías están en todo el país, les paso direcciones
“El instituto de la prescripción es un medio por el cual se pueden adquirir derechos (prescripción adquisitiva) o liberarse de ciertas obligaciones (prescripción liberatoria o extintiva) por el mero transcurso del tiempo preestablecido por la ley, según cada caso. El fundamento de la llamada prescripción liberatoria está dado en la necesidad social de impedir que una determinada deuda se extienda in eternum cuando es evidente la desidia o inacción del acreedor en ejercer su derecho a reclamarla dentro de un razonable lapso. Así se ha dicho que: “El fundamento de la prescripción reside en la conveniencia general de liquidar situaciones inestables y de mantener la paz de las familias, que no debe ser alterada por la repercusión de hechos ocurridos con mucha antelación. Si durante un largo tiempo el posible titular de la acción se ha abstenido de ejercerla, la ley no admite que lo haga cuando ya se han borrado de la memoria de los interesados las circunstancias del acto, y hasta es factible la destrucción de los documentos probatorios de la extinción del derecho. Impidiendo la utilización de la acción prescripta, se da seguridad y fijeza a los derechos, y se aclara la situación de los patrimonios, que se ven descargados de las obligaciones prescriptas. Por último, otro motivo a favor de la prescripción consiste en el probable abandono del derecho que la inacción del titular hace presumir” (Jorge Joaquín Llambías, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Tomo I, pág. 672).
De modo tal que las deudas ya prescriptas, si bien no se extinguen, quedan convertidas en meras obligaciones naturales, es decir, que su cancelación dependen de la voluntad del deudor pues el acreedor pierde su exigibilidad jurídica. En consecuencia, la simple manifestación negativa y/o rechazo expresado por el (presunto) deudor moroso de una obligación ya prescripta, debería ser suficiente para que una agencia extrajudicial de cobranza se abstenga de continuar con el reclamo de la misma y así evitar incurrir en algunas de las prácticas abusivas caracterizadas en el art. 8º bis LDC.”
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